Con política humanista y acciones coordinadas, Sinaloa avanza en el tema de vivienda digna para quien más lo necesita: Morena y PVEM
Culiacán, Sinaloa, a 19 de junio de 2025.- En el punto de Asuntos Generales de la Sesión Ordinaria desarrollada este jueves en el Congreso de Sinaloa, legisladores expusieron el tema del déficit de vivienda que se tiene en el país y en el estado, donde destacaron las acciones que están implementando las autoridades para atender esta necesidad de millones de familias.
En su posicionamiento, el diputado Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso, resaltó que por primera vez en muchos años el tema de la vivienda se aborda con seriedad y con una visión humanista.
Afirmó que se trata de un derecho reconocido en los marcos jurídicos nacional e internacional, pero que hoy, más allá de su reconocimiento legal, comienza a traducirse en acciones concretas que transforman la vida de miles de familias, mediante el Programa Nacional de Vivienda encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Gutiérrez Sánchez dijo que la construcción de un millón 100 mil viviendas en menos de un año de administración, representa un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, y en lo que respecta a Sinaloa, reconoció la disposición del gobernador Rubén Rocha Moya para sumarse con acciones que amplían la cobertura y promueven la regularización de la propiedad.
El diputado indicó que, si bien el déficit habitacional en el estado es un reto importante, existen condiciones favorables para enfrentarlo con humanismo y voluntad política, lo cual está siendo demostrado con la propuesta presentada por la bancada de Morena para destinar, como mínimo, el 20 por ciento del presupuesto estatal del próximo año a programas de vivienda enfocados en mujeres jefas de familia.
Por su parte, la diputada Martha Yolanda Dagnino Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, reafirmó el compromiso del Congreso del Estado, abordó el tema de las prácticas fraudulentas de pseudolíderes que lucran con la necesidad de vivienda de la gente.
Detalló que la Comisión de Vivienda del Estado ha entregado más de 21 mil títulos de propiedad en municipios como Mazatlán, Guasave, Ahome y Culiacán, así como en zonas rurales de alta marginación, con lo cual se da respuesta a problemas heredados de administraciones pasadas.
Dagnino Camacho informó que ya se cuenta con terrenos localizados en distintos puntos de la entidad para el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales, como parte del programa de vivienda impulsado por el Gobierno Federal, donde el Gobierno del Estado busca establecer relaciones directas con las personas que verdaderamente necesitan un hogar.
Ambos legisladores coincidieron en que Sinaloa está viviendo un momento de transformación en materia de vivienda, gracias al impulso coordinado entre los distintos niveles de gobierno, la participación del Congreso y el respaldo ciudadano, por lo que reiteraron que el acceso a una vivienda digna no es un privilegio, sino un derecho que hoy comienza a hacerse realidad para miles de sinaloenses.
Congreso, da lectura a cuatro iniciativas; una sanciona abandono y daños a personas adultas mayores
Culiacán, Sinaloa, a 19 de junio de 2025.- Diputadas y diputados de la 65 Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa dieron lectura a cuatro nuevas iniciativas, en una de las cuales se contempla sancionar con seis meses a cinco años de prisión y de ochenta a doscientos cincuenta días multa a quienes abandonen o descuiden a las personas adultas mayores, así como a quienes les hagan daño físico o emocional.
Las iniciativas leídas son las siguientes:
*Iniciativa del Grupo Parlamentario del PAS y las ciudadanas Rosa Emma Contreras Villapudúa y Paula Liliana Díaz Quiñónez, que propone adicionar el artículo 160 Bis al Código Penal para el Estado de Sinaloa, en materia de protección de la integridad física y emocional de las personas adultas mayores.
El contenido del artículo que se adiciona es el siguiente:
“A quien le asista el deber legal del cuidado y protección de una persona adulta mayor incapaz de valerse por sí misma, la someta a condición de abandono o desamparo, delegue indebidamente en otra persona o institución, y esta ponga en cualquier condición o circunstancia que pudiera derivar en una situación de maltrato, lesiones, abuso físico o psíquico, descuido o negligencia o explotación, se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión, y de ochenta a doscientos cincuenta días multa”.
Esta pena se agravará cuando en el caso de abandono de una persona adulta mayor, esta tenga uno o más padecimientos crónicos degenerativos o de enfermedad terminal y/o se encuentre en condiciones graves de salud.
Este delito se perseguirá por querella de parte, excepto en el supuesto en que la víctima sea persona adulta mayor con alguna discapacidad que serán perseguibles de oficio.
*Iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena que propone reformas y adiciones diversas a la Ley de Educación y a la Ley de Salud, en materia de promoción de estrategias para concientizar a las niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos asociados al sobrepeso, obesidad y diabetes infantil.
Asimismo, para atender la salud visual y la salud bucodental, mediante actividades de sensibilización, educación y orientación.
Para ello deberán implementarse campañas en los centros escolares de educación básica, mediante actividades de sensibilización, pláticas informativas, jornadas de salud, distribución de material didáctico y cualquier otra acción que fomente estilos de vida saludables desde la infancia.
*Iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI que propone reformas a la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa.
Tiene como objeto garantizar que los inmuebles que presten un servicio educativo operen con seguros que garanticen la recuperación inmediatamente ante consecuencias adveras provocadas por vientos, lluvias u otros riesgos.
En la reforma se plantea que “en el caso de los seguros, deberá obtenerse una póliza que garantice los riesgos inherentes a daños a edificios, daño material a sus contenidos y responsabilidad civil por daño a terceros”.
*Iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN que propone adiciones diversas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles, y a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en materia de arrendamiento de bienes y contrataciones de servicios.
Tiene como objeto garantizar que al menos el 40 por ciento de los arrendamientos y contrataciones sean a favor de empresas locales.
La propuesta a adicionar establece que “las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal deberán realizar la planeación y programación de sus adquisiciones y arrendamientos de bienes, así como la contratación de servicios, de tal modo que se promuevan, como mínimo, asegurar un 40 por ciento del total de su presupuesto en este rubro a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Estatales”.
Asimismo, se propone que el Gobierno del Estado promueva ante los Ayuntamientos la adecuación de su reglamentación para cumplir con esta disposición.
De igual manera se establece que deberá haber coordinación con el Comité lntersecretarial, así como las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y, en su caso, con las Tesorerías Municipales y los Comités de Adquisiciones de los Ayuntamientos para emitir las reglas aplicables a los programas para promover la participación de las empresas estatales, especialmente de las Micro, Pequeñas y Medianas.
Adicionalmente, las dependencias y entidades deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Estatales, para generar cadenas de proveeduría respecto de bienes y servicios que liciten regularmente.
Las cuatro iniciativas fueron turnadas para su segunda lectura.
Congreso de Sinaloa, aprueba reforma que permita que delitos relacionados al robo de vehículo sean perseguidos por oficio
Culiacán, Sinaloa, a 19 de junio de 2025.- Por unanimidad, diputadas y diputados de la 65 Legislatura aprobaron este jueves, el dictamen que reforma el artículo 237 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, para establecer que los delitos relacionados al robo de vehículo se persigan por oficio, es decir, sin necesidad de una denuncia formal por parte de las víctimas.
El dictamen presentado por la Comisión de Justicia es el resultado de la revisión y análisis de dos iniciativas promovidas por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena, una de ellas por la diputada Arely Berenice Ruiz López, y la otra por la diputada María Teresa Guerra Ochoa y el diputado Eligio López Portillo, las cuales coincidieron en la necesidad de modificar este marco normativo.
La reforma contempla incluir entre los delitos que deben ser investigados de forma automática por las autoridades aquellos que implican la alteración, modificación, falsificación, sustitución o eliminación de las series o numeraciones de identificación de un vehículo automotor robado o sus partes, así como la posesión, uso, traslado o custodia de dichas unidades motrices.
Durante la presentación del dictamen, se expuso que actualmente estos actos están contemplados en el Código Penal, pero solo pueden ser perseguidos mediante querella, lo que limitan la capacidad de acción del Ministerio Público, lo cual ha generado altos niveles de impunidad, pues muchas víctimas no presentan denuncias, ya sea por miedo, desconocimiento o falta de confianza en el sistema de justicia.
La Comisión dictaminadora consideró que actualizar el marco jurídico permite a las autoridades actuar con mayor eficacia y oportunidad, sin depender de una denuncia previa, lo que contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica y pública en el estado.
Comisiones del Congreso de Sinaloa aprueban dictamen que propone eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres
Culiacán, Sinaloa, a 19 de junio de 2025.- Las Comisiones Unidas de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión y de Desarrollo Económico del Congreso de Sinaloa aprobaron por unanimidad un dictamen que contiene un proyecto de decreto que propone establecer mecanismos para disminuir y eliminar la brecha salarial de género.
El dictamen aprobado por las y los diputados de ambas Comisiones establece reformar diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa y la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de Madres Jefas de Familia, para incorporar definiciones específicas sobre la brecha salarial de género, y la igualdad salarial entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo.
Se establece que debe existir una remuneración igual por un trabajo de mismo valor sin distinguir el sexo, género, identidad de género, origen étnico, orientación sexual, edad, discapacidades o condición social y económica, entre otros factores.
Entre las principales modificaciones propuestas en el dictamen se encuentra la ampliación del concepto de discriminación para incluir cualquier acción u omisión que directa o indirectamente provoque o perpetúe la brecha de género en cualquier ámbito, además, se establecen medidas específicas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato en las condiciones laborales.
Una vez expuesto el dictamen, la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez reconoció el trabajo de las legisladoras que presentaron la iniciativa, señalando que actualmente las mujeres ganan aproximadamente 15 por ciento menos que los hombres en el mismo puesto de trabajo.
Por su parte, la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, consideró que las mujeres enfrentan una triple jornada que incluye el trabajo no remunerado, las labores de cuidado y las responsabilidades impuestas por sistemas sociales.
La diputada Karla Daniela Ulloa Rodríguez, presidenta de la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión, expresó su agradecimiento por el trabajo coordinado entre ambas Comisiones y destacó que estas reformas buscan empoderar a las mujeres para que conozcan ampliamente sus derechos y puedan ejercer su trabajo en condiciones de igualdad.
La votación se realizó de manera nominal, en la que se registraron cinco votos a favor de las y los integrantes presentes de la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión, y cuatro votos de las y los presentes de la Comisión de Desarrollo Económico.
Comisión de Justicia, aprueba dictamen que propone perseguir por oficio delitos relacionados con el robo de vehículo
Culiacán, Sinaloa, a 18 de junio de 2025.- La Comisión de Justicia del Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad el dictamen que contempla reformar el artículo 237 del Código Penal estatal que permitirá perseguir de oficio los delitos relacionados con el robo de vehículos, sin necesidad de que se presente una denuncia formal por los hechos.
El dictamen es el resultado de dos iniciativas presentadas por diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Morena, una de ellas por la diputada Arely Berenice Ruiz López, y la otra por el diputado Eligio López Portillo, junto con la diputada María Teresa Guerra Ochoa.
En ambas propuestas, las y los diputados mencionaron que la idea es combatir la “industria” del robo de vehículos, que ha afectado gravemente a las familias sinaloenses, es por eso buscan establecer que los delitos que alteren, modifiquen, falsifiquen o supriman cualquier numeración de identidad de un vehículo automotor robado, así como la detención, posesión, utilización o tránsito con un vehículo robado, serán perseguidos de oficio por las autoridades competentes.
Durante la reunión de trabajo celebrada este miércoles en el Congreso del Estado, la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Yeraldine Bonilla Valverde, dirigió la sesión en la que participaron tres de cinco integrantes de la Comisión, que fueron el diputado Ambrocio Chávez Chávez, y la diputada Erika Rubí Martínez Rodríguez.
Después de la presentación del dictamen, el diputado Ambrocio Chávez Chávez expresó su respaldo al proyecto y señaló que el robo de vehículos se ha convertido en uno de los problemas más persistentes en Sinaloa, especialmente acentuado en los últimos meses.
Destacó que esta actividad delictiva ha evolucionado hasta convertirse en un “negocio” organizado que incluye la venta de partes, la comercialización de automóviles robados y la comisión de otros delitos utilizando estos vehículos.
En ese mismo sentido, la diputada presidenta de la Comisión, Yeraldine Bonilla Valverde, y representante del Partido Verde Ecologista de México, se sumó al respaldo de la reforma y enfatizó que los diputados de la 65 Legislatura están trabajando en beneficio de las y los sinaloenses ante el incremento de la violencia y el robo de vehículos no solo en Culiacán, sino en todo el estado.
Finalmente, la diputada Erika Rubí Martínez Rodríguez hizo un llamado a todos los legisladores para que respalden el dictamen, ya que, dijo, es un paso fundamental para atender las causas actuales que afectan al estado y dotar a las instituciones de seguridad de mayores facultades para perseguir este delito.
Congreso del Estado, concluye ciclo de conferencias con ponencia sobre la evaluación de políticas públicas con sentido humano
Culiacán, Sinaloa, a 18 de junio de 2025.- El doctor Juan Carlos Martínez Andrade, especialista en ciencias sociales con formación en antropología, concluyó este miércoles el ciclo de conferencias “Evaluación y Políticas Públicas” organizado por la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica de Evaluación del Congreso del Estado, con una ponencia denominada “Políticas públicas con rostro humano: la voz ciudadana como prioridad”.
Dicha conferencia puso énfasis en la necesidad de involucrar activamente a las y los ciudadanos en el diseño e implementación de las políticas públicas para lograr mayor efectividad y justicia social, ya que, advirtió que centralizar las acciones gubernamentales puede incrementar las brechas de desigualdad en lugar de reducirlas.
Martínez Andrade explicó que el principal desafío radica en la correcta identificación de los problemas públicos a través de diagnósticos participativos, ya que es fundamental escuchar directamente a los actores sociales involucrados para poder generar políticas que atiendan las causas reales de los problemas.
El investigador dijo que la distribución de infraestructura educativa y de salud, donde los criterios demográficos tradicionales llevan a concentrar los servicios en las cabeceras municipales, puede provocar que las localidades históricamente marginadas se vacíen al migrar sus habitantes hacia los centros urbanos mejor equipados.
En la conferencia también abordó la diferencia fundamental entre auditoría y evaluación de políticas públicas, donde aclaró que mientras la auditoría se enfoca en verificar procesos y cumplimientos normativos, la evaluación genera conocimiento nuevo mediante preguntas específicas orientadas a mejorar las políticas públicas.
Destacó que México cuenta con tres tipos de auditoría, que son financiera, de cumplimiento y de desempeño, sin embargo, consideró necesario avanzar hacia la auditoría social, realizada por ciudadanos y observatorios civiles, práctica ya implementada en otros países.
En cuanto a los enfoques necesarios para humanizar las políticas públicas, el investigador mencionó el enfoque de derechos humanos, el de género con perspectiva interseccional, y el de bienestar y desarrollo humano, este último propone medir el bienestar no solo económico, sino a través de indicadores que incluyan salud, educación, vivienda, calidad ambiental y participación cívica.
Martínez Andrade reconoció que México enfrenta el desafío de una ciudadanía muy apática hacia la participación en asuntos públicos, lo que limita la efectividad de los mecanismos de participación existentes como los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal.
El evento contó con la presencia de diputados y diputadas locales, así como titulares de Órganos Internos de Control de organismos autónomos, personal de instituciones de educación superior y funcionarios estatales.
Al concluir su presentación, el doctor Martínez Andrade consideró que incorporar la voz ciudadana en cada etapa del ciclo de políticas públicas representa una condición indispensable para construir sociedades más justas, inclusivas y sostenibles.