Aprueba Congreso endurecer penas de cárcel a delitos de corrupción
El Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa, de forma unánime, aprobó reformas, adiciones y derogaciones al Código Penal, para endurecer las penas en los delitos de corrupción.
Diputadas y diputados consideraron viable armonizar el marco jurídico estatal para que el Estado cuente con un marco legal que sea aplicable a las autoridades estatales y que guarde uniformidad con los postulados de la Ley Anticorrupción.
Resaltan las sanciones, que son las mayores, que se aplican al delito de enriquecimiento ilícito.
En el delito de enriquecimiento ilícito se sancionará cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquéllos respecto de los cuales se conduzca como dueño.
El Código Penal establecía una pena corporal de uno a cinco años de prisión para este delito. Con las reformas aprobadas pasan de 3 meses a dos años cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida.
Pero la pena corporal se eleva de 2 a 14 años de prisión cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
En el delito de peculado el Código Penal actual contempla una pena máxima de 3 a 10 años de prisión cuando el monto o daño patrimonial causado excede de un importe equivalente a cuatro mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Con las reformas, ahora se establece que cuando el monto de lo sustraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda el equivalente 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 2 a 14 años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.
Y se adiciona que cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones estatales para los fines de seguridad pública se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas, por lo que la cárcel podría llegar hasta los 18.5 años.
En delitos por hechos de corrupción se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado, por un plazo de uno a veinte años, atendiendo a los siguientes criterios:
1. Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y
2. Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado en la fracción anterior.
Las reformas aprobadas tienen como finalidad tutelar el correcto y cabal desarrollo de la buena administración, dado a que se podrá disuadir la comisión de conductas ilícitas, para que los servidores públicos se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Y en consecuencia en el manejo adecuado de los recursos públicos, lo que repercutirá en un empoderamiento en el desarrollo del propio Estado y de los ciudadanos en sus condiciones de vida, salud, educación, seguridad pública, vivienda, derechos consagrados tanto en el marco legal.
Ahora, cárcel para funcionarios corruptos: diputadas y diputados de Morena, PRI y PAS
Diputadas y diputados de Morena, PAS y del PRI, se pronunciaron a favor de reformas y adiciones al Código Penal porque permitirán meter a la cárcel a funcionarios que incurran en Desvío de Recursos, Desempeño Irregular del Servicio Público y otras figuras, además de que se les confiscarán los bienes derivados de los actos de corrupción.
El diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, secretario de la Comisión de Fiscalización, e integrante de Morena, expuso que ya se habían venido poniendo candados para evitar actos de corrupción y además se habían dado herramientas a la Auditoría Superior del Estado para actuar con más rigor en estos casos.
Sin embargo, expuso que a pesar de ello se tuvo el caso de la UAS, cuyo exrector (Jesús) Madueña cometió un acto de desacato por no querer cumplir con la obligación constitucional de rendir cuentas, y lo que se vio fue que el desacato era sólo una falta administrativa y no un delito penal y por tanto no se podía castigar con cárcel.
Ahora, afirmó, vamos a ver qué funcionario se niegan a la transparencia porque el Código Penal ya contempla penas de cárcel para todos los servidores públicos que incurran en corrupción.
Con esta reforma, dijo, también se establece el decomiso de instrumentos, objetos y todo producto derivado del delito de corrupción, incluyendo los derivados de enriquecimiento ilícito.
Sobre este último punto señaló que se podrá investigar a todos los funcionarios cuyo patrimonio no corresponda con los ingresos que tienen.
La diputada Juana Minerva Vázquez González, también de Morena, explicó que las reformas y adiciones al Código Penal local son una armonización del marco jurídico en materia penal para establecer uniformidad con la Ley Anticorrupción aprobada por las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.
Resaltó que un punto importante de estas reformas es que los delitos contemplados por corrupción no prescriban, con lo cual todos los delitos graves cometidos por servidores públicos tendrán consecuencias.
Hay conductas que realizan ciertos personajes y servidores públicos y que entran en la hipótesis de la ley y es cuando entra en función la parte sustantiva de la ley, aseguró.
De parte del Grupo Parlamentario del PAS participaron las diputadas Elizabeth Chia Galaviz y Alba Virgen Montes.
La segunda suscribió el posicionamiento de la primera y se pronunció por una aplicación pareja de las reformas y adiciones.
Chia Galaviz, aseguró que las reformas y adiciones son un paso importante en el combate a la corrupción institucionalizada.
Resaltó los cambios que endurecen las sanciones y crean responsabilidades para aquellos servidores encargados de la seguridad pública, que estando presentes, omiten dolosamente atender los actos delictivos que ocurren en su presencia.
Con lo aprobado, dijo, también hay sanciones para evitar las filtraciones y la exposición masiva ante los medios y redes sociales, con lo que se preservará la dignidad de las víctimas y sus familiares, además de que se disminuye el daño que sufren las víctimas, al evitar que sean revictimizadas.
Añadió que se busca erradicar la normalización de la violencia ejercida contra todas las personas, pero principalmente contra las mujeres, niñas o adolescentes; así como sancionar a los servidores públicos que no cumplen con su deber de resguardar cierto tipo de información.
De parte del PRI participó el diputado Luis Javier de la Rocha Zazueta, se manifestó totalmente a favor de las reformas y adiciones ya que se beneficia a los sinaloenses.
“Como diputado del PRI y voz del PRD, festejo y aplaudo a esta 64 Legislatura que por fin hacemos algo para evitar la corrupción; por fin abrimos las puertas a la transparencia”, dijo.
Son leídas dos iniciativas; una propone inscribir en el Muro de Honor el nombre de José Limón
El Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura este jueves a dos iniciativas que proponen garantizar la inserción laboral de las personas con discapacidad e inscribir en el Muro de Honor el nombre de José Limón.
En la primera iniciativa leída la diputada del Grupo Plural propone reformar el primer párrafo y adicionar el segundo y tercer párrafos a la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa.
Lo anterior para establecer una obligación por parte de las instituciones públicas para contratar para su plantilla laboral a personas con discapacidad, garantizando así su inserción laboral en el porcentaje establecido en dicha Ley
En la segunda iniciativa leída el ciudadano Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de la Cultura, propone inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Congreso del Estado, el nombre de José Limón.
La iniciativa propone declarar Benemérito a José Limón y que se inscriba su nombre con letras doradas al poner en alto a Sinaloa con una vida dedicada a la danza.
Habiéndose dado primera lectura, ambas iniciativas fueron turnadas por el presidente de la Mesa Directiva Ricardo Madrid Pérez, para la segunda de Ley.