Introducción
A lo largo de la historia, el poder ha sido uno de los conceptos más debatidos dentro de la organización de las sociedades. Para algunos representa autoridad, capacidad de decisión y dirección del Estado; para MORENA, constituye una responsabilidad que únicamente encuentra legitimidad cuando se ejerce en beneficio de la colectividad.
Sus postulados dedicados al ejercicio del poder presentan una concepción distinta a la visión tradicional que identifica el gobierno con privilegios, jerarquías o intereses personales. En ellos se plantea una filosofía política donde el poder deja de ser un fin para convertirse en un instrumento de servicio, donde la autoridad se encuentra subordinada a la voluntad ciudadana y donde la democracia adquiere sentido únicamente cuando el pueblo permanece como protagonista permanente de las decisiones públicas.
Desarrollo
El primer principio establece que el poder solo adquiere valor moral cuando se pone al servicio de los demás. Desde esta perspectiva, gobernar no significa imponer decisiones, sino asumir la responsabilidad de atender las necesidades colectivas y procurar el bienestar general.
Bajo esa lógica, la humildad aparece como una de las principales virtudes del servidor público. El ejercicio de la autoridad exige reconocer que los cargos son temporales y que ninguna responsabilidad pública convierte a una persona en superior al resto de la sociedad. La función del gobernante consiste en administrar la confianza ciudadana, no en utilizarla como un privilegio personal.
Los postulados de MORENA también sostienen que la lucha política no debe estar motivada por la ambición del poder, sino por la defensa de ideales y principios. Desde esta óptica, las victorias electorales representan únicamente una etapa dentro de un proceso más amplio orientado a construir condiciones que permitan fortalecer la justicia, la igualdad y la participación ciudadana.
Dentro de esta visión destaca el principio conocido como «Mandar Obedeciendo», una expresión que propone invertir la relación tradicional entre gobernantes y gobernados. En lugar de entender el poder como una facultad para ordenar, plantea que quienes ejercen funciones públicas deben actuar conforme a las necesidades, aspiraciones y decisiones de la ciudadanía.
La misma lógica se refleja en la afirmación de que «el pueblo pone, el pueblo quita», expresión que resume el principio democrático de que la legitimidad de cualquier gobierno proviene exclusivamente de la voluntad popular y que esa misma ciudadanía conserva el derecho de retirar su respaldo cuando considere que sus representantes han dejado de cumplir con sus responsabilidades.
Otro de sus planteamientos advierte sobre la importancia de respetar la inteligencia colectiva de la sociedad. La frase «tonto es el que cree que el pueblo es tonto» subraya la necesidad de reconocer la capacidad crítica de la ciudadanía y rechaza la idea de que las personas puedan ser manipuladas de manera permanente mediante discursos o promesas.
En ese mismo sentido, sus postulados incorporan una reflexión sobre los riesgos del ejercicio del poder al señalar que éste puede alterar el juicio de quienes lo poseen. La advertencia busca recordar que la autoridad requiere mecanismos permanentes de control, rendición de cuentas y vigilancia ciudadana para evitar excesos, abusos o prácticas alejadas del interés público.
Asimismo, se propone que la motivación fundamental de la actividad política debe ser el compromiso con el prójimo y no la búsqueda de riqueza, prestigio o las apariencias asociadas al poder. Desde esta interpretación, la función pública se entiende como una vocación de servicio más que como un camino hacia beneficios personales.
Los postulados concluyen retomando el significado etimológico de la palabra democracia, integrada por los términos griegos demos (pueblo) y kratos (poder), para sostener que la esencia democrática consiste precisamente en que el poder permanezca en manos de la ciudadanía. Finalmente, una última reflexión resume toda la filosofía expuesta: lo verdaderamente importante son los encargos, no los cargos, recordando que las responsabilidades públicas representan compromisos temporales con la sociedad y no posiciones de privilegio permanente.
Epílogo
En conjunto, estos postulados describen una concepción del poder centrada en la responsabilidad social, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Su planteamiento propone que la autoridad encuentre su legitimidad no en la fuerza de las instituciones por sí mismas, sino en la confianza que la sociedad deposita en quienes la representan. Bajo esta visión, el verdadero liderazgo no se mide por la cantidad de poder acumulado, sino por la capacidad de utilizarlo con humildad, honestidad y vocación de servicio en favor del bienestar colectivo.
www.revistapresente.com.mx