Introducción
A lo largo de la historia, los modelos económicos han sido motivo de debate permanente. Mientras algunas corrientes sostienen que el mercado debe conducir el desarrollo con la menor intervención posible del Estado, otras consideran que la economía debe orientarse, antes que nada, a garantizar el bienestar colectivo y reducir las desigualdades sociales.
Los postulados económicos de MORENA, aquí expuestos, forman parte de una visión que coloca a la justicia social como eje central de la política pública. En ellos se plantea que el crecimiento económico carece de sentido si no mejora las condiciones de vida de la población, especialmente de quienes enfrentan mayores carencias. Bajo esta perspectiva, la economía deja de entenderse únicamente como un conjunto de cifras, inversiones o indicadores financieros para convertirse en un instrumento destinado a fortalecer la dignidad humana, proteger el patrimonio nacional y construir un desarrollo incluyente y sostenible.
Desarrollo
Uno de los principios más representativos de esta visión económica es la afirmación de que «por el bien de todos, primero los pobres». Más que una consigna, constituye un criterio para orientar las políticas públicas hacia los sectores históricamente marginados. Desde este enfoque, atender primero a quienes menos tienen no significa excluir al resto de la sociedad, sino buscar un equilibrio que permita reducir las profundas brechas de desigualdad.
En la misma lógica, se sostiene que no puede haber trato igual entre desiguales. La igualdad jurídica resulta indispensable, pero la igualdad de oportunidades requiere reconocer que existen diferencias económicas y sociales que condicionan el acceso a la educación, la salud, la vivienda y el empleo. Por ello, la justicia social es entendida como la responsabilidad del Estado de brindar mayores apoyos a quienes enfrentan mayores desventajas.
Otro de los postulados propone separar el poder político del poder económico, con el propósito de evitar que intereses particulares influyan de manera determinante en las decisiones públicas. La intención es que las políticas gubernamentales respondan al interés general y no a grupos privilegiados, fortaleciendo así la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones.
La defensa de un salario justo y remunerador, junto con la ampliación de los derechos laborales, ocupa igualmente un lugar central. Bajo esta visión, el trabajo no debe limitarse a garantizar la subsistencia, sino ofrecer condiciones que permitan a las familias acceder a una vida digna. Se plantea que la productividad y el crecimiento económico encuentran mayor estabilidad cuando los trabajadores participan de manera justa en los beneficios del desarrollo.
En materia de administración pública, estos principios sostienen que cuando se gobierna con honestidad, el presupuesto alcanza y rinde. La premisa es que el combate a la corrupción y el uso eficiente de los recursos públicos permiten destinar mayores inversiones a programas sociales, infraestructura, educación, salud y desarrollo regional, sin necesidad de incrementar la carga fiscal de la población.
La propuesta también incorpora una visión ambiental del desarrollo económico. Se plantea que el crecimiento no debe construirse a costa de la destrucción del territorio ni del deterioro de los ecosistemas. Los bienes naturales son considerados patrimonio colectivo y, por ello, deben preservarse para beneficio tanto de la población actual como de las generaciones futuras. Esta perspectiva busca armonizar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental.
En el ámbito energético, los postulados defienden el fortalecimiento de las empresas públicas como un componente de la soberanía nacional. Desde esta óptica, conservar la capacidad del Estado para participar en sectores estratégicos permite mantener un mayor control sobre recursos considerados fundamentales para el desarrollo económico y la seguridad del país.
Otro de los principios afirma que la economía no debe servir únicamente a una minoría, sino convertirse en una herramienta para atender las aspiraciones de toda la sociedad. Esto implica promover un crecimiento cuyos beneficios alcancen a trabajadores, productores, empresarios, comunidades rurales y sectores urbanos, evitando la concentración excesiva de la riqueza.
De igual forma, se distingue entre crecimiento económico y bienestar social. Un país puede aumentar su producción o su Producto Interno Bruto sin que ello necesariamente se traduzca en mejores condiciones de vida para la población. Bajo esta visión, el verdadero progreso requiere combinar desarrollo económico con justicia social, distribución equitativa de oportunidades y fortalecimiento de los derechos de las personas.
Finalmente, el último de estos postulados sostiene que la pobreza no responde al destino ni a condiciones inherentes de las personas, sino que es consecuencia de estructuras de desigualdad, exclusión e injusticia. Esta interpretación coloca el énfasis en la responsabilidad de las instituciones y de las políticas públicas para generar condiciones que permitan superar la marginación mediante educación, empleo, inversión social y desarrollo económico incluyente.
Epílogo
Los postulados para la economía del Movimiento de Regeneración Nacional, representan una propuesta política que coloca la justicia social, la honestidad gubernamental, la protección de los recursos nacionales y la igualdad de oportunidades como ejes del desarrollo. Su planteamiento sostiene que la riqueza adquiere verdadero significado cuando se convierte en bienestar para la población y cuando el crecimiento económico se acompaña de inclusión, derechos laborales fortalecidos y sostenibilidad ambiental.
Como toda visión económica, estos principios forman parte de un debate más amplio sobre el papel del Estado, el mercado y la sociedad en la construcción del desarrollo. Su relevancia radica en que invitan a reflexionar sobre una pregunta permanente en toda democracia: cómo lograr que el crecimiento económico beneficie efectivamente al mayor número de personas y contribuya a una sociedad con mayores niveles de equidad y prosperidad compartida.
